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El pin de oro no se toca

Resulta desubicado seguir manteniendo costosas costumbres como los gastos en plaquetas y recordatorios en los que incurre el Congreso

Domingo 31 de diciembre de 2017
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Una vez que el Estado crea una repartición, otorga un beneficio, dispone un régimen, sanciona un estatuto, concede una prebenda, permite una excepción o exceptúa una obligación, crea espacios que inmediatamente se llenan con beneficiarios que jamás renunciarán a ellos.

Está en la naturaleza humana y en el omnipresente instinto de supervivencia defender con uñas y dientes lo logrado. Y, así, los más precarios piden ingresar a planta permanente y los que están en planta se atornillan a la estabilidad. Los que tienen regímenes especiales invocan derechos adquiridos: todos expertos en medidas cautelares.

Cualquier intento de modificar un beneficio, reducir una repartición, cambiar un régimen, alterar una práctica, eliminar una excepción o exigir una obligación se enfrentará con la respuesta terminante y casi mafiosa de quienes toman las calles para defender intangibilidades: "las conquistas no se tocan".

Un relevamiento realizado por LA NACION sobre los gastos del Congreso de la Nación reveló unos egresos insólitos y completamente injustificados en el contexto económico actual. Por ejemplo, la compra de 77 medallas de oro de 18 quilates por casi un millón y medio de pesos, para entregar a empleados de la Cámara de Diputados que cumplieron 25 años de servicios, y 200 pines, también de oro, por otra suma millonaria.

Por supuesto, debe tratarse de una costumbre inveterada de la Cámara baja que nadie quiso alterar. "Con los pines no se metan" debe ser el consenso de muchos de los 257 representantes del pueblo de la Nación, prefiriendo entregar pines y medallas a enfrentar a los 5600 empleados que aplauden el espíritu de cuerpo que une a casi todos los legisladores, de cualquier signo y color, a la hora del proselitismo parlamentario.

El tema del pin intocable es sólo un ejemplo de la imposibilidad de reducir el gasto público con la lupa del caso por caso. Todas las áreas del Estado cumplen funciones necesarias, como lo reflejan sus variadas denominaciones. Allí hay secretarías que demuestran, entre otras cuestiones, el interés colectivo por el bienestar social, por el desarrollo económico, por la realización de la justicia y por la educación inclusiva y por la soberanía territorial. A medida que se desciende a los niveles inferiores de cada organigrama, las denominaciones van ganando precisión y, casi con frases completas, describen funciones que nadie puede considerar superfluas o innecesarias. Es más: podría sostenerse que omiten más de lo que incluyen.

Muchísimos problemas aquejan a los argentinos y bien merecerían ser objeto de una nueva dirección, un ente autárquico o, por lo menos, de alguna mesa de entradas ad hoc. Las necesidades son inacabables y cada vez que se contempla una, al día siguiente surgen otras. Podría imaginarse una nómina infinita de agencias, tan minuciosas como un cuento borgiano, todas ellas dando respuesta atinada a la queja de algún sector social, colectivo regional o grupo intersectorial.

Cuando llega el momento de observar con ojo crítico la estructura del Estado, si se toma el microscopio difícilmente se encuentre personal en exceso, pues (salvo los extinguidos ñoquis) cada empleado realiza, bien o mal, una tarea encomiable, dentro de las funciones asignadas, dentro del organigrama aprobado. Cada cual hace un trabajo digno, cada cual se levanta temprano, cumple sus tareas por un sueldo siempre magro y regresa a su casa con la convicción del deber cumplido. "El trabajo digno no se toca" es la obvia conclusión que deja en blanco las planillas de reducción de personal.

La dimensión del Estado debe guardar justa proporción con la productividad de la economía. Sólo los países que hacen grandes esfuerzos en educación, disminuir costos, eliminar privilegios, erradicar la corrupción, establecer una justicia honesta y eficaz, pueden aumentar cada año la nómina de necesidades colectivas que serán satisfechas mediante gasto público. Quienes no se toman en serio ese desafío, sólo invocarán, a través de los nombres de las reparticiones, sus deseos somnolientos que nunca pasarán de ser oficinas, expedientes y papeles. Ni extirparán la pobreza, ni incluirán a los excluidos, ni educarán a los educandos, ni curarán a los enfermos, ni castigarán a los culpables, ni exculparán a los inocentes.

Toda definición sobre el gasto estatal debe realizarse a nivel de las grandes políticas, mediante consensos de largo plazo para definir cuáles son los contornos del Estado que, dada la productividad del esfuerzo colectivo, puede soportar la espalda de los argentinos en forma sustentable. Nunca se podrán reducir gastos de magnitud mediante la observación interna de los organismos y reparticiones. Y mucho menos con encuestas acerca de cuáles gastos son necesarios y cuáles no lo son.

La Argentina está manteniendo un nivel de vida superior a sus ingresos porque hay inversores, la mayor parte extranjeros, que nos están prestando dinero para que los legisladores no quiebren la tradición de gastar dos millones y medio de pesos en 77 placas y 200 pines de oro, como lo han hecho siempre.

Ha llegado el momento de que se tome conciencia de ello y las implicancias que esta ofensiva asimetría tiene y tendrá respecto del futuro inmediato de nuestro país. Es indispensable que cada gasto, cada subsidio, cada privilegio, cada exención, sea evaluado como el padre de familia que se endeuda para atenderlo.

Y con esa vara de sentido común advertiremos que tanto las medallas como los pines, como tantas reparticiones que nos gustaría mantener y no podemos pagar, se pueden y se deben tocar. Aunque los violentos amenacen en las calles y el gradualismo prefiera mirar para otro lado.

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