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Legislar con raciocinio, sin mitos

Estudios de incuestionable imparcialidad han demostrado que el glifosato, un herbicida de notoria eficiencia en el agro, no es cancerígeno

Sábado 06 de enero de 2018
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La Argentina potenció en el siglo XXI la gravedad de problemas que arrastraba desde la centuria anterior. Inflación, déficit fiscal -ambos de magnitud notoria en el mundo-, pobreza, pérdida de movilidad social y de calidad educativa en las escuelas públicas en relación con un pasado luminoso, corrupción en el manejo de los negocios públicos y sobredimensión de las estructuras estatales, que incluso plantean la viabilidad real de algunas provincias. Por si no faltara nada en esa lista indicativa de nuestros males, se registra el fortalecimiento de mitos destinados a trabar el despliegue de recursos aptos para el desarrollo y la explotación de riquezas naturales.

Los mitos, entendidos como relatos fundados en explicaciones imaginarias y, por lo tanto, no racionales de la realidad han prosperado en medio de una cultura política populista. Se originan en los movimientos políticos y sociales más preparados para asimilarlos. Sería, sin embargo, injusto decir que tales fábulas pertenecen al patrimonio cultural de un definido espectro de la sociedad. En Paraná, por ejemplo, se ha impedido no solo el uso del glifosato, sino también su venta, y la iniciativa del caso corrió por cuenta de una concejala de Cambiemos. Una moción en igual sentido ha hecho su entrada, a proposición de otra edila de Cambiemos, en Concordia. En Rosario, en el corazón de la pampa gringa, la moción del caso respondió a la lógica del peronismo, pero la mano complaciente la levantaron también muchos otros.

Por fortuna, los ediles han comprendido al parecer alguna de las razones de preocupación de las entidades que representan a los productores. La posibilidad de una posición conciliadora de partes se ha acentuado con la decisión de la intendenta de Rosario de enviar una nueva propuesta al Concejo Deliberante.

¿A qué se ha estado jugando? ¿A obtener reconocimiento político por parte de sectores sociales cuya opinión sobre temas como este provienen de emociones potenciadas a través de relatos apropiados hechos desde las redes sociales? En 2009, siguiendo las pautas establecidas por el Comité de Ética del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con la participación del Ministerio de Salud y del de Ciencia y Tecnología, entre otros organismos, una resolución del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner constituyó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), un comité multidisciplinario de expertos. Las conclusiones fueron que no hay correlación entre el uso del glifosato, herbicida de notoria eficiencia en las prácticas agronómicas, y la carcinogénesis. ¿Qué nivel de mayor jerarquía profesional podría haberse encontrado para una decisión de tal naturaleza?

Sobre la ola de defensa del ambientalismo, que caracteriza a un movimiento de dimensiones mundiales, se han montado campañas políticas por todos lados. Han arremetido contra quienes trabajan la tierra y contra las empresas sin cuya colaboración logística habría sido imposible alcanzar los niveles de productividad que multiplicaron en las últimas décadas las cosechas agrícolas. El glifosato es la molécula que se dirige a una enzima presente en plantas y microorganismos, pero no en los seres humanos y en los animales. Es tóxico, desde luego, si se violentan las buenas prácticas agronómicas, pero al grado de toxicidad se puede llegar también por el uso de medicamentos y consumo de bebidas y alimentos fuera de los parámetros admitidos por especialistas y, en situaciones diversas, por ley.

En la Argentina, el glifosato está clasificado por la autoridad pública de aplicación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en la categoría de Menor Riesgo Toxicológico. En el ámbito conjunto de la Organización para la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estableció, al igual que en la Argentina, que "la evidencia científica disponible no reúne los criterios para clasificar al glifosato como sustancia CMR" (carcinógeno, mutágeno, reprotóxico). Europa acaba de extender por cinco años la validez legal del uso de este herbicida común en las actividades agrícolas de más de cien países.

En varios municipios del país se han dispuesto restricciones de diverso orden al uso de glifosato. Es evidente que en cuestiones de interés general como estas deberían entender las legislaturas provinciales, al menos para restablecer principios de coherencia institucional, estando en manos de las propias provincias los recursos naturales según lo dispuso la Constitución de 1994. Hacerlo de esa forma llevaría a prolongar el criterio con el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso, al abordar fundamentalmente desde la perspectiva del derecho ambiental aspectos del viejo litigio por las aguas del Atuel entre La Pampa y Mendoza, involucrar al Estado nacional en la resolución del conflicto interprovincial.

Así lo ameritan tanto las responsabilidades históricas de este respecto de la integridad territorial argentina como las normas internacionales que tratan, cada vez con más insistencia y precisión, tan complicada materia. No será por la vía de los mitos, justo en un país como el nuestro, que ha ido ganando en fama prestigiosa por las prácticas de sustentabilidad de suelos y ambientes por parte de los productores agropecuarios, la forma más seria de encarar un tema en el que está en juego la alimentación de la humanidad.

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