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Un conflicto de familia

Sábado 13 de enero de 2018
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La manipulación pública de cuestiones de familia abiertas por el fallecimiento de Luis Félix Etchevehere, varias veces presidente de la asociación nacional de diarios (ADEPA) y padre del actual ministro de Agroindustria, contrasta con los principios a los que LA NACION siempre ha procurado atenerse.

Este diario ha entendido, de forma invariable, que la dilucidación de los conflictos entre privados debe resolverse entre ellos, sin que eso sea óbice para que las partes, o una de ellas de modo unilateral, los instale en sede judicial. Si tal es lo que ocurre, como es del caso en la sucesión del doctor Luis Félix Etchevehere, en el que una hija se enfrenta con su madre y sus hermanos, menos se justifica todavía la explotación pública de la controversia con participación activa de medios y políticos conocidos por su aversión a entidades y personalidades de la actividad agropecuaria. Hasta la consideración mínima a la que es acreedora la magistrada que entiende en el asunto descalifica conductas de esa naturaleza.

Llama la atención que las denuncias judiciales de una heredera contra su propia madre, Leonor Barbero de Etchevehere, en primer lugar, y sus tres hermanos se hayan concentrado, en su periódica exposición crítica en medios de comunicación, sobre quien fue por años presidente de la Sociedad Rural Argentina e integra ahora el gabinete de ministros de la Nación. La viuda de Luis Félix Etchevehere parece haber dicho que ya era imposible mantener por más tiempo un discreto silencio y ha salido, así, a la luz pública con una declaración en la que asume la condición natural de eje de su familia.

No es nuevo, desde luego, este tipo de situaciones cuando una de las personas vinculadas con conflictos del carácter del que se ventila judicialmente ocupa un lugar en el espacio público del país, como sucede con el ministro Luis Miguel Etchevehere. Recuérdese, entre otras muchas situaciones parecidas, la forma evidente en que a fines del siglo anterior letrados de la hermana de uno de los banqueros de mayor reputación en el país procuraron afirmar los derechos que aquella alegaba frente a este a través tanto o más de la utilización de la prensa que de la marcha regular del expediente judicial en que tramitaba el caso. Hasta donde fue posible, LA NACION actuó entonces con manifiesta reticencia a prestarse a sobreactuaciones en las que por definición tienen más para perder que para ganar -consecuencia inevitable de la fama- quien ejerce funciones con responsabilidades públicas. Nos ceñiremos a ese mismo criterio ante las actuales circunstancias.

La literatura de antecedentes periodísticos del tenor referido es abundante. Lo es en particular en la interposición de demandas por supuesta mala praxis contra profesionales de la medicina reconocidos por su alto prestigio. Cuanto más destacada ha sido una trayectoria, más presión y vulnerabilidad social para quien tiene no poco que perder. Quienes toman el derecho por una disciplina ajena a connotaciones éticas -y a la delicadeza de los comportamientos, por decir lo menos- suelen en medio de esas cuestiones golpear las puertas de las redacciones o de los despachos políticos dispuestos a promover escándalos a fin de que la parte demandante eche vuelo en la personificación del papel de víctima.

No nos corresponde escarbar en los motivos del conflicto suscitado en la familia Etchevehere, precisamente porque se trata de una cuestión privada, y porque no es nuestra función conocerlo en sus detalles. Tomamos nota, sí, de que después de bastante más de un lustro de abierta esta causa, regularmente alguien encuentra los ruines procedimientos para refregar esas actuaciones y sus derivaciones marginales ante la opinión pública.

Así las cosas, frente a la carta que la viuda de Etchevehere se ha sentido obligada a publicar, dejamos constancia, una vez más, de nuestra crítica a la interferencia de elementos de connotación política en la resolución de cuestiones de esta índole y reiteramos, por lo tanto, el respeto de límites infranqueables para abocarnos al conocimiento directo del proceso judicial en curso entre miembros de una antigua y conocida familia entrerriana.

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