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La condena al expresidente Lula

Viernes 26 de enero de 2018
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Los tres jueces que conforman un tribunal federal de Brasil confirmaron por unanimidad la dura sentencia condenatoria por corrupción y lavado de dinero dictada en primera instancia por el juez federal Sérgio Moro contra el expresidente Lula, elevando la condena de nueve años y seis meses de prisión a 12 años y un mes. Dicho pronunciamiento se dictó en un plazo de seis meses conferidos al expresidente para que pudiera ejercer amplia y plenamente su derecho de defensa.

Pese a las fuertes intimidaciones de los seguidores de Lula, la Justicia brasileña se ha mostrado otra vez ante el mundo como un poder del Estado, independiente y profesional. La comparación de ese caso con el andar cansino de parte de nuestra propia Justicia Federal que debe juzgar a los funcionarios públicos no nos deja ciertamente bien parados.

Para la Argentina, el caso Lula debería servir de ejemplo. La Justicia no se ha dejado amedrentar ni con las ruidosas marchas callejeras ni con las amenazas que recibió. Se ha ganado el respeto de todos.

El aumento de la pena se fundamentó en que la culpabilidad del expresidente es extremadamente elevada. Haber ocupado la primera magistratura importa, además, un agravante. Para el tribunal brasileño de apelación, a mayor responsabilidad política del acusado -al que tildó descarnadamente de "tolerante y beneficiario" de la corrupción-, corresponde mayor severidad en el análisis de la obligación ineludible de comportarse debidamente como funcionario público.

Para el juez del tribunal federal de apelación João Pedro Gebran Neto, que actuó como relator, emisor de un voto bien fundado, la reprobable conducta del expresidente fragilizó "la estabilidad democrática brasileña". El camarista Victor Luiz dos Santos Laus agregó que el expresidente obtuvo beneficios personales en razón de su elevada posición, lo que evidenció que el exdirigente sindical brasileño "perdió su rumbo". Los magistrados destacaron que en el expediente se pudo probar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad directa de Lula.

Si bien la larga batalla judicial de Lula no ha terminado, la sentencia confirmatoria de la condena de primera instancia es un duro golpe a sus ambiciones políticas.

Las promesas de Lula de luchar en este tema "hasta la muerte" y de seguir persiguiendo el regreso a la presidencia de su país en nada mejoran su muy deteriorada imagen. La corrupción en el peculiar mundo de la política no es un fenómeno exclusivo de la derecha ni de la izquierda: afecta a todos.

La posibilidad efectiva de ir a prisión provisoria se ha acercado mucho al expresidente brasileño, para quien el peor momento está ahora más cerca que nunca, pues tendrá que batallar judicialmente para intentar impedirlo. En medios de prensa brasileños estiman que ello podría ocurrirle en dos meses. Pese a todo, un tercio de los brasileños todavía lo considera su candidato para los próximos comicios.

Lula y sus seguidores agitan la repetida muletilla -muy conocida también en nuestro medio- de que el proceso en marcha tiene "connotaciones políticas" y solo busca proscribirlo. Frente a ello, sus partidarios prometen "radicalizar" su acción política, transformándolo en un mártir de las causas populares. Nada de esto le hace bien a Brasil. Nuestro vecino está saliendo muy lentamente de la profunda recesión en la que lo sumergieron las malas gestiones populistas de Lula y Dilma Rousseff. El año pasado, Brasil volvió a crecer al 1% anual y las estimaciones sugieren que este año la tasa de crecimiento será del orden del 2,85%. Y estas son ciertamente buenas noticias para nuestro país, por la evidente tracción que el cambio de clima económico brasileño ejerce siempre sobre nuestra economía.

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