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Calidad institucional: no bajar los brazos

PARTE I - En lugar de especular con cuestiones políticas de coyuntura, el Gobierno debería profundizar la búsqueda de una mayor transparencia y el combate a las mafias

Domingo 28 de enero de 2018
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Cumplidos ya dos años de la gestión de Cambiemos, resultan innegables los avances registrados en materia de una mayor transparencia y en la lucha contra la corrupción, en especial cuando se los contrasta con los graves retrocesos y los escándalos protagonizados por el kirchnerismo, totalmente alejados de ese objetivo.

Sin embargo, también es preciso destacar que, habiendo transcurrido ya ese tiempo, se espera mucho más de un gobierno que, como el de Cambiemos, hace de la transparencia institucional una de sus principales banderas.

Una valiosa declaración pública del Club Político Argentino (CPA) llama la atención sobre los crecientes costos que acarrean las debilidades en el programa de mejora de calidad institucional.

"Demasiado frecuentemente -dice el pronunciamiento-, las iniciativas en este terreno quedan subordinadas a las necesidades de la coyuntura, a intercambios y ventajas que se privilegian en otros terrenos y a la lógica de la polarización electoral, según la cual exhibir el perfil negativo de los adversarios más desacreditados bastaría para mantener el apoyo de la ciudadanía". Y no centra la crítica solo en el mal ejemplo del ministro Triaca, sino que la extiende a la administración de justicia, a la división de poderes del Estado y a las competencias del Congreso Nacional.

Se trata de una opinión calificada. La suscribe la comisión directiva del CPA, entre cuyos miembros figuran reconocidos intelectuales e, incluso, funcionarios del actual gobierno. Ese reclamo de mejoras institucionales de parte de un conjunto de personas con muy buen vínculo con la Casa Rosada, es una de las mayores diferencias planteadas respecto de Carta Abierta, el otro grupo de intelectuales que acompañaba al gobierno kirchnerista y que siempre se mostró incapaz de ejercer la más mínima crítica. Practicantes de una genuflexión ante el poder que avergonzaba, de un paroxismo épico que solo conocía de alabanzas, aquellos hombres y mujeres solían enredarse en conceptos oscuros e inentendibles, en un fango semántico cuyo único objetivo fue intentar justificar lo injustificable de los más de 12 años de mandato de los gobiernos precedentes.

Entre los directivos del CPA, se encuentran Vicente Palermo, Guillermo Rozenwurcel y Guillermo Ariza. Graciela Fernández Meijide, Henoch Aguiar, Luis Rappoport y Alejandro Katz son algunos de los vocales, mientras que, entre sus 400 socios, también se cuentan el ministro Pablo Avelluto, Andrés Cisneros, Nora Ginzburg, Eduardo Levy Yeyati, Juan José Llach, Luis Alberto Romero y María Sáenz Quesada.

El gobierno de Cambiemos inició su gestión a fines de 2015 con el ejercicio de una práctica inusitada en la Argentina de la última década: el diálogo con los partidos de la oposición. Fue un primer tramo fructífero, que permitió avanzar en el Congreso con la sanción de leyes claves.

Resulta preocupante que, en los últimos días, varios funcionarios encumbrados hayan confiado a la prensa que, para evitar roces mayores con la oposición parlamentaria, este año -que además debiera aprovecharse porque no es electoral- solo se promoverá desde el Poder Ejecutivo una agenda de temas light. La reforma laboral, por ejemplo, sería dividida en varios capítulos. La necesidad de no perder capital político es el eje de esa polémica estrategia.

Recientemente, el presidente Macri firmó un megadecreto por el que se reformaron decenas de normas en vigor. Por un lado, se busca no ejercer presión sobre el Congreso; por otro, se elige un camino polémico que, indudablemente, llevará a una mayor confrontación.

Hay quienes en el Gobierno diseñan estrategias basados solo en las encuestas de opinión pública, que le vienen dando al Presidente una baja importante de imagen positiva. Que "no haya más leyes de vida o muerte" es la solución que creen haber encontrado quienes suelen aconsejar al jefe del Estado cada vez que se registra un impacto negativo en su índice de popularidad. Es un grave error plantearlo en esos términos. Cualquier paso que se quiera dar en la lucha contra las mafias -ya sean policiales, sindicales o judiciales- y contra el crimen organizado, la necesaria independencia respecto de los espasmos judiciales políticamente interesados y otras tantas peleas que habrá que afrontar, generarán cortocircuitos inevitables para los que el Gobierno debe estar debidamente preparado.

No exponerse a virtuales derrotas legislativas enfriando el debate, rehuyéndole a la responsabilidad para evitar un descenso mayor en los sondeos de opinión es equivalente a claudicar respecto de los objetivos que les fueron prometidos a la ciudadanía como, entre otros, el de una mayor calidad institucional.

Entre las leyes pendientes de tratamiento figuran, además de la reforma laboral, la electoral y la del Ministerio Público Fiscal; la adecuación del Código Procesal Penal; el financiamiento productivo; la modificación del acuerdo impositivo con Brasil con el fin de evitar la doble imposición; la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes del Estado en manos de la corrupción, y el financiamiento de los partidos políticos.

Con claridad y de manera acertada, el CPA ha dicho que, mientras en la provincia de Buenos Aires se avanzó contra casos graves de corrupción policial y sindical, situaciones similares en la conducción de gremios nacionales, muy bien documentadas, "se siguen manejando con guantes de seda. Desde hace años existen proyectos de ley para limitar la reelección indefinida de esos jerarcas sindicales, a los que no se ha dado tratamiento parlamentario. La necesidad claramente democrática de transparentar el manejo de los fondos sindicales parece manejarse exclusivamente como amenaza en función de la docilidad de los dirigentes a las necesidades de la política antiinflacionaria".

Y agrega el comunicado en referencia al escándalo Triaca: "Lo sucedido recientemente en derredor de la intervención en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que pretende ser disculpado someramente como una mancha menor en una intervención definida como ejemplar, sienta un mal precedente respecto del modo como el oficialismo busca aprovechar una eventual mayor injerencia en estas organizaciones, cuando lo que corresponde es control y transparencia. Los funcionarios están obligados a dar el ejemplo para que se asuma en toda la sociedad, como una prioridad exigible, la conducta limpia y el servicio como eje inspirador de la gestión".

Todos hemos sido, en menor o mayor medida, espectadores de innumerables aberraciones cometidas por encumbrados dirigentes a lo largo de nuestra historia política, pero no todos hemos sido igual de exigentes para procurar evitar que los errores del pasado volvieran a instalarse una y otra vez. Algunas veces, por desconocimiento de la profundidad de los delitos que se estaban cometiendo. Otras, por desinterés en la cuestión pública.

Los males del pasado de ningún modo autorizan a cometer errores, por más que parezcan menores comparados con aquellos gravísimos desvíos. Polarizar la escena política basados en la concepción simplista de que, porque lo pasado fue peor los males del presente son perdonables, resulta tan improcedente como pueril. No se trata de olvidar ni borrar el vaciamiento institucional, moral y económico que ha dejado el kirchnerismo, pero también es cierto que quedarse anclado en la crítica a esa situación impedirá avanzar de una manera adecuada, mirando hacia adelante más que hacia el pasado.

Hacemos nuestros los conceptos del documento del CPA respecto de que la campaña electoral ya terminó y la gestión del cambio institucional necesario requiere de un esfuerzo más decidido y consistente por respetar y hacer respetar la ley, diferenciar el Estado del grupo gobernante, garantizar la transparencia y castigar las violaciones a la ética pública, también cuando son cometidas por propios y aliados.

Y abogamos porque 2018 sea un año de mayor compromiso político, de continuidad del diálogo y del perfeccionamiento de la calidad de nuestras instituciones, el camino hacia un cambio cultural profundo y duradero.

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