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Un ajuste del Estado que debe profundizarse

Los recortes anunciados deberían ser el comienzo de la batalla contra el círculo vicioso de populismo, corrupción y déficit crónico

Miércoles 31 de enero de 2018
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El anuncio de anteayer del presidente Macri sobre el recorte del 25% de los cargos políticos, el congelamiento de sueldos de funcionarios jerárquicos y la firma de un decreto para prohibir a los ministros designar a familiares en puestos en el Estado es una medida positiva, pero insuficiente; especialmente, si se tiene en cuenta que desde su asunción, en diciembre de 2015, el gobierno de Macri aumentó en un 25% la estructura del Estado, medida en cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones.

Esa reestructuración ahora planteada había sido adelantada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hace algunas semanas.

Macri ha querido dar de esta forma una señal política hacia dentro y hacia fuera del Gobierno con los recortes anunciados, en momentos en que se registra una importante caída de su imagen en los sondeos de opinión.

Ayer, tras la reunión del gabinete nacional, en la que Triaca dio explicaciones sobre su caso, el jefe del Estado confirmó la continuidad en el cargo de su ministro de Trabajo. En el Gobierno dan por superado ese hecho. Sin embargo, nadie en el oficialismo puede desconocer que ha sido un episodio grave y traumático que ha obligado, en forma tardía, a blanquear los casos de nepotismo que se venían registrando dentro de la actual administración.

Que el recorte de esos cargos políticos sobrevenga pasados ya dos años de gobierno es un dato que no puede ser borrado con la urgencia de la decisión. Tampoco, que solo refiera a los familiares de los ministros y no de otros funcionarios relevantes dentro del Gobierno.

Es más, si provocar esas salidas representa la pérdida de gente muy valiosa -como ha dicho el propio Presidente-, la pregunta es por qué no se sometió a esos funcionarios a los necesarios concursos de oposición y antecedentes para demostrar sus capacidades en competencia igualitaria con el resto de los postulantes.

Casi al mismo tiempo en que Peña daba los primeros detalles de la medida ratificada anteayer por el jefe del Estado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informaba que la meta de déficit fiscal primario correspondiente a 2017 fue sobrecumplida.

En efecto, creció nominalmente un 17,6%, por debajo de la inflación, y alcanzó un 3,9% del PBI, cuando el objetivo fijado por el presupuesto era del 4,2%. Se trata de un progreso, pero también insuficiente si se toma en consideración que el déficit financiero, que resulta de incorporar los intereses de la deuda pública, aumentó el 32,5%, bien por encima de la inflación y del crecimiento nominal del PBI. Esto significa que como consecuencia del endeudamiento al que viene recurriendo el Estado para financiar su gasto, todavía no se observa una convergencia fiscal.

Distintas razones explican este fuerte desequilibrio. Una de ellas ha comenzado a ser gradualmente atacada por el Gobierno: la reducción de los subsidios del Estado sobre las tarifas energéticas y, más tímidamente, las del transporte.

El particular problema que presenta esta batalla, además del gradualismo en sí mismo, que retrasa el saneamiento de las cuentas fiscales, es que los ahorros que se obtienen por esta vía son destinados a cubrir nuevos subsidios y otros agujeros del barril sin fondo en que se ha transformado el Estado.

Por caso, los 66 mil millones de pesos que en los primeros 11 meses de 2017 ahorró el Estado por la disminución de los subsidios energéticos se diluyeron mediante transferencias por 30 mil millones de pesos destinadas a otros subsidios económicos y 33 mil millones a nuevos subsidios sociales en programas de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social ejecutados en las provincias.

Algunos de estos programas se superponen con otros llevados a cabo directamente por las provincias y los municipios. La falta de controles ha sido harto evidente.

La reciente reforma de la ley de responsabilidad fiscal, que tradujo un acuerdo entre el gobierno nacional y 23 distritos (la provincia de San Luis no suscribió ese convenio) para que el gasto público no siga aumentando, tampoco servirá de mucho. Los gobernadores apenas se han comprometido a que el gasto de los Estados provinciales no se incremente en proporción superior a la inflación y a que el empleo público no crezca por encima de la tasa poblacional. Se verá ahora si el paso dado por Macri tiene su reflejo en el resto de las administraciones públicas. Sería deseable que también el Congreso hiciera su propio recorte, más allá de los tímidos planes que al respecto se han comenzado a esbozar en el Poder Legislativo.

Distintos economistas han sugerido con acierto que, en lugar de endeudarse para sostener con el esfuerzo de todos los contribuyentes estructuras administrativas elefantiásicas e ineficientes, sería más conveniente que el Estado tomara esa deuda para financiar planes de retiro voluntario, jubilaciones anticipadas o mecanismos graduales de reinserción en el sector privado de empleados públicos cuyas funciones fueren prescindibles.

Tanto el gobierno bonaerense como el de la ciudad de Buenos Aires han dado también algunos pasos incipientes para disminuir el abultado gasto público. En el primer distrito se elaboró un marco normativo para eliminar 221 de los 990 cargos políticos existentes en la administración central, luego de que se detectaron superposiciones de unidades subministeriales. Con esa medida, se espera ahorrar unos 600 millones de pesos. Al mismo tiempo, se avanza con dificultad en la eliminación de jubilaciones de privilegio. Ayer se supo que tanto María Eugenia Vidal como Horacio Larreta firmarán decretos como el suscripto por Macri para recortar cargos políticos.

En el distrito porteño, se anunció una reducción del gasto político mediante la eliminación de 120 cargos, la unificación de funciones y la reagrupación de competencias. También se ha planteado una estrategia de convergencia salarial, de manera que ninguna autoridad superior pueda percibir una remuneración mayor a la que corresponda al cargo de autoridad superior del Poder Ejecutivo local. Esta medida incluye un tope salarial a directores y síndicos de sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria, sin cargos ejecutivos y con dedicación parcial, quienes empezarán a percibir como remuneración un 30% de lo percibido por un ministro. Esta estrategia permitirá un ahorro estimado de 158 millones de pesos en la ciudad. Un dato alentador, pero contradictorio con los excesivos 247 millones de pesos que, según el Boletín Oficial, autorizó el propio gobierno porteño para realizar estudios de opinión pública.

Como se puede ver, tanto a nivel nacional como provincial y municipal se torna urgente remontar el deterioro ético y funcional del Estado. Las concepciones estatistas e intervencionistas que tanto mal le han hecho a la economía argentina son de larga data, al igual que una cultura populista que anida aún en vastos sectores. Pero durante la era kirchnerista esta natural ineficiencia se vio agravada por vergonzosos desvíos de fondos públicos para poner al Estado al servicio de la militancia política y del enriquecimiento personal de no pocos funcionarios y amigos del poder.

La reforma del Estado es una condición indispensable para terminar con el círculo vicioso de populismo, corrupción, déficit fiscal crónico y endeudamiento, y avanzar en su reemplazo por un círculo virtuoso sustentado en la transparencia pública, la inversión privada, la creación de empleo productivo y el crecimiento económico.

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