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Papeles del paraíso: adiós a los edenes fiscales

Esas jurisdicciones no sobrevivirán en el mundo moderno: pueden demorarse en abrir sus secretos, pero el aislamiento internacional las forzará a hacerlo

Domingo 04 de febrero de 2018
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Gordon Brown, ex premier británico del partido laborista, envió una carta al presidente Mauricio Macri urgiéndolo a avanzar, como nuevo titular del G-20, contra los paraísos fiscales. Brown había lanzado una campaña global después de la difusión de los Paradise Papers para combatir esas jurisdicciones, declarar ilegales las sociedades offshore e impulsar "sanciones y penas de prisión" a los evasores que las utilizan.

En la reunión de 2016 en Hangzhou, China, los líderes del G-20 acordaron "dar un paso adelante" en la lucha contra la evasión fiscal y "profundizar la cooperación tributaria internacional" que permita aumentar la recaudación para impulsar la inversión global (Consenso de Hangzhou). Coincidentemente, luego de analizar 92 jurisdicciones, la Unión Europea (UE) publicó en diciembre pasado una "lista negra" de paraísos fiscales, anunciando una acción común, por primera vez, contra los países que se nieguen a ayudar a combatir la evasión fiscal.

Inicialmente, la lista de las llamadas "jurisdicciones no cooperativas" estaba compuesta por: Bahrein, Guam, las islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Samoa, la Samoa Americana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, más ocho países que fueron retirados recientemente. Estos últimos Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez se comprometieron a enmendar sus legislaciones y a seguir un código de conducta que reduzca la evasión fiscal, con lo cual se redujo la lista negra de los países que continuarán bajo estrecho monitoreo. Como excepción, se postergó la decisión respecto de ocho países afectados por los huracanes en septiembre, entre estos, Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica y las islas Vírgenes británicas.

Asimismo, se adoptó una "lista gris" de 47 países, a la que se suman ahora los ocho retirados, que propusieron compromisos que todavía deben verificarse. Los criterios que adoptó la UE para hacer esta evaluación fueron desde la falta de transparencia hasta la existencia de regímenes fiscales preferenciales, pasando por la "optimización fiscal agresiva". Está previsto que la lista se actualice al menos una vez al año.

Cabe recordar que en junio del año último, 76 miembros de la OCDE, sin Estados Unidos, firmaron un acuerdo en París para luchar contra la llamada optimización fiscal, práctica legal de las multinacionales para reducir su carga impositiva. Los gobiernos de los países desarrollados temen la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones (BEPS, por sus siglas en inglés). Como puede advertirse, confluyen en estos temas distintas cuestiones que pueden confundir, mezclándose lo legal con lo ilegal, la política con la economía, la paja y el trigo.

No hay duda de que la mejor forma de combatir actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el financiamiento del terrorismo y la corrupción internacional es mediante la interceptación del circuito monetario que funciona en paralelo al circuito físico de las drogas, las armas y las contrataciones fraudulentas, operadas por vendedores y compradores, funcionarios y contratistas, terroristas e infiltrados, así como los intentos de lavado de dinero por parte de quienes buscan introducir fondos mal habidos en el itinerario de las transacciones legítimas.

Esta acción conjunta comenzó en el año 2000, cuando se constituyó el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la OCDE para elaborar normas en materia tributaria destinadas a erradicar los "paraísos fiscales", en el mundo. Recién en 2014 se celebró un acuerdo multilateral para el intercambio de información anual sobre cuentas financieras superiores a 250.000 dólares de manera automática y estandarizada entre los firmantes. Es decir, sin requerimiento expreso de las autoridades fiscales extranjeras, sobre casos individuales por indicios de fraude. Ya fue firmado por 50 países, incluido el nuestro.

Actualmente, es casi imposible mover fondos entre países sin identificar a las partes (beneficiarios finales), el origen del dinero y las razones para las transferencias. Quienes tienen cuentas en paraísos fiscales, que no han declarado ante la autoridad fiscal de su domicilio, se enfrentan con situaciones paradojales, pues si bien ellos pueden ser millonarios, esos fondos son inutilizables, salvo que los titulares se muden a vivir a esos países para gastar allí mismo en efectivo el dinero.

Como se advertirá, son situaciones muy diversas que originan grandes confusiones en su tratamiento mediático. Obviamente, un grupo terrorista no es igual a una persona honesta que protegió sus ahorros de un Plan Bonex o de un corralito. Tampoco es lo mismo un exfuncionario que oculta coimas recibidas que una multinacional que optimiza sus impuestos mediante estructuras societarias.

Mientras existan distintos regímenes fiscales, controles de cambios, tratados de doble imposición, monedas fuertes y monedas débiles, inseguridad jurídica o política, Estado de Derecho o arbitrariedad institucional, siempre habrá incentivos para que los fondos busquen el destino que más los beneficie. Dentro o fuera de las costas domiciliarias. Onshore u offshore. Paradójicamente, si un argentino con domicilio en Nueva York tiene una cuenta en el Banco de la Nación Argentina, casa matriz, será la suya una cuenta offshore.

Igual confusión, muchas veces por ignorancia o mala fe, ocurre respecto de los paraísos fiscales y las cuentas offshore. Es cierto que esos paraísos fueron creados por naciones con pocos recursos para desarrollar una economía real y que buscaron, mediante la oferta de secretismo y bajos impuestos, el ingreso de capitales para crear empleos y mejorar el nivel de vida de su población. Esto duró muchísimos años, de modo que en los bancos de esos países se mezclaban los peores malandrines internacionales con dictadores que habían saqueado sus pueblos; los traficantes de armas con familias de alcurnia; los carteles de la droga con comerciantes sin facturas, y los secuestradores profesionales con profesionales sin CUIT.

Los paraísos fiscales ya no tienen lugar en el mundo moderno: pueden demorar su reticencia a abrir sus secretos, pero el aislamiento internacional los forzará a hacerlo. Tendrán que buscar otras alternativas de subsistencia para sus industrias sin chimeneas, ya que perderán gran parte de sus clientes. Quedarán solamente países con baja tributación, ya no con el formato paradisíaco, sino ofreciendo seguridad jurídica y servicios de calidad, aunque en un contexto de absoluta transparencia pues, de lo contrario, no podrán insertarse en el circuito financiero internacional.

La desaparición de los enclaves de ocultamiento no solo ocurre por acción de la OCDE, sino también porque el capitalismo desarrolla sus propios anticuerpos. Es tan importante el aspecto reputacional de las empresas que prevalece la opinión de los especialistas en cumplimiento de buenas prácticas (compliance) sobre el diseño de estrategias fiscales.

Respecto de las sociedades o cuentas offshore, más allá de la ignorancia o confusión generalizada, son indiscutidos vehículos legales y continuarán siendo utilizadas por quienes deseen reducir el riesgo político que pudiese existir en los países de sus domicilios, o para evitar el riesgo cambiario, o para acceder a inversiones complejas que no están disponibles en sus plazas domésticas. Como se ha señalado reiteradas veces, la expresión inglesa offshore solo significa que una persona tiene una cuenta fuera del país de su domicilio. En la medida en que el vehículo y la inversión sean declarados ante la autoridad fiscal, nada es objetable.

Los grandes administradores de fondos como Pioneer, Elliot, Pimco, Fidelity o John Hancock recurren a países fiscalmente neutros para que cada inversor pague sus impuestos conforme a su domicilio. Al ser estos provenientes de distintas jurisdicciones, recurrieron a los llamados paraísos fiscales. Pero en la medida en que estos paraísos dejen de serlo por ingresar al mundo del intercambio de información, los fondos continuarán operando donde más les convenga para seguir ofreciendo a sus clientes el menor riesgo, el mejor servicio y la mejor estructura impositiva disponible.

En nuestro país, un caso paradigmático es el del ministro de Finanzas, Luis Caputo. Seis diputados del bloque kirchnerista lo denunciaron en la Justicia Federal por su actividad en fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales, una actividad que suspendió cuando asumió en la función pública. Caputo administró una gerenciadora de fondos de inversión radicada en Estados Unidos que, como todas las demás, colocaban la liquidez bajo su custodia en cuentas offshore, por las mismas razones indicadas arriba. Si el ministro cumplió o no con la ley, dependerá de si declaró bien o mal esa actividad anterior a su gestión. Pero esos quehaceres son normales en la profesión de las finanzas y la caracterización que pretenden darle los denunciantes, por ignorancia o mala fe, carece de seriedad y solo intenta perjudicar la imagen de quien, gracias a su experiencia y reconocimiento internacional, otorga oxígeno financiero al Tesoro nacional para que el gradualismo sea posible.

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